En agosto del año 2015 se pudo apreciar por
los principales medios de comunicación de Chile un llamativo evento que se
constituyó en la gran noticia por esos días. Se trata de una caravana de
inmensos camiones que llevaban sobre sus
plataformas a otros camiones que habían sido incinerados. El recorrido partió
desde la ciudad de Temuco, capital de la Región de La Araucanía y concluyó,
después de varios días de recorrido, en pleno corazón de Santiago, frente al
Palacio de La Moneda.
La razón de la caravana, organizada por la Confederación
Nacional de Transporte de Carga (CNTC), fue para plantearle al gobierno de la Presidenta Michelle
Bachelet, la reiterada agresión de que han sido objeto varios transportistas, a
quienes les han incinerado sus vehículos de carga. Los
dirigentes transportistas han calificado tales acciones como actos terroristas y han
señalado como ejecutores de las mismas, a miembros de la comunidad mapuche que habita
en La Araucanía.
Esos acontecimientos y otros similares que
se han repetido durante los meses que van de este año 2016, han servido para
poner sobre el tapete público el tema de la causa mapuche y la disputa
territorial que acontece en La Araucanía. El caso es que esa disputa
territorial, es decir, esas rivalidades de poder en La Araucanía, en términos
geopolíticos, se han agudizado a partir del desarrollo de la actividad forestal
basada en plantaciones de pino y eucalipto en territorios considerados por la
comunidad mapuche como propios.
La Araucanía, para tener una idea de su
contexto geográfico-territorial, es una región del centro-sur de Chile, que
tiene una extensión superior a los 30 mil km² y una población cercana al millón
de habitantes, de la cual el 31% es rural y el 23,4% pertenece al pueblo
mapuche. Sin duda que éste es un tema al que hay que hacerle seguimiento, sobre
todo porque Chile está atravesando por un período de reformas que seguramente
tendrán sus repercusiones en el devenir de La Araucanía y de la causa mapuche.
Por Alfredo Portillo
alportillo@ula.ve
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